Por: Clara Sánchez, Consultora en IdenCity.
Los efectos del cambio climático y el calentamiento global han demostrado ejercer una presión sobre la planificación de la estructura física del territorio, impactando sobre el sector agropecuario y afectando así la satisfacción de la demanda de alimentos en las ciudades. También ha demostrado tener efectos sobre las dinámicas socio económicas existentes en los territorios y en la demanda de servicios básicos urbanos. Por ello resulta prioritario establecer medidas de adaptación y mitigación enmarcadas en políticas públicas que velen, entre otras cosas, por minimizar el impacto en la provisión de servicios de salud pública, seguridad alimentaria y capacidad de resiliencia en los territorios.
A modo de contextualización previa, conviene precisar que el cambio climático (cambio global o regional de largo plazo en la temperatura) obedece a cambios en la circulación oceánica, a la rotación de la tierra o la actividad tectónica, lo que implica una variación en las precipitaciones, humedad o presión del aire. Por lo tanto, el cambio climático, es un proceso continuo y natural del planeta, a diferencia del calentamiento global, resultado del efecto invernadero que provocan algunos gases contaminantes que se emiten y se concentran en suspensión en la atmósfera, como resultado de la intervención de la mano del hombre (antropogénico) en los procesos productivos.
La agricultura es particularmente sensible a los cambios en los patrones meteorológicos globales, de modo que el calentamiento global puede llegar a constituirse en una seria amenaza para el sector. Para el caso colombiano, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, realizó la tercera entrega de estudios sobre los efectos del cambio climático en Colombia, mediante la generación de escenarios departamentales para el periodo 2011- 2100. Allí confirma que si aumentan las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), la temperatura media anual en Colombia para 2100 podría incrementarse en 2,14 °C pero este incremento no será igual en todos los departamentos: en 2040, el promedio de temperatura aumentará 0,94 °C en la región Caribe, 0,9 °C en las regiones Andina y Orinoquía; 0,8 °C en la región Pacífico y 0,86 °C en la Amazonía.
Así, los efectos de los cambios en la temperatura y la variación interanual en el nivel de precipitación se trasladarían a las ciudades desde diferentes frentes: los cambios en el uso del suelo conducirían a su erosión, la pérdida gradual de productividad, calidad y sostenibilidad de las cosechas derivaría en inseguridad alimentaria y en consecuencia impactaría en los precios de la canasta familiar, lo que aumentaría la presión al momento de la toma de decisiones sobre el aumento del salario mínimo al final de cada año.
Tanto las zonas rurales como las urbanas se enfrentarían a las consecuencias de la reducción en la provisión de agua por el derretimiento de nevados y deterioro de los páramos (casi 3 millones de hectáreas del territorio nacional) y al deterioro de las condiciones de salud de la población por la aparición de nuevas enfermedades, especialmente aquellas que se transmiten por la picadura de insectos, que para entonces se habrán desplazado a zonas donde normalmente no existían las condiciones ambientales para su desarrollo.
La mala selección de cultivos frente a las condiciones medioambientales es otra de las problemáticas en Colombia. Según datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA, y revelados en 2015 por su director, Felipe Fonseca, el país explota apenas el 35 % de los 114 millones de hectáreas del territorio nacional, hectáreas que además están siendo mal usadas. La UPRA reveló que “existen 26.5 millones de hectáreas con vocación para el agro, de las cuales 11 millones son aptas para actividades agrícolas; 6 millones para ganadería; 4 millones para el sector agroforestal, 3 millones para agro producción y 2 millones para cuerpos de agua”. La UPRA también afirma que “1.9 millones de hectáreas cultivadas no son propiamente agrícolas, mientras que solamente en 4 millones, sí se desarrollan en tierras con esa esa vocación”. El análisis de estos datos fue fundamental para la definición de “la hoja de ruta de los próximos 20 años del ordenamiento del uso del suelo rural” que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la UPRA anunció este año.
En Colombia la seguridad alimentaria[1] se define como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa (ABC Seguridad alimentaria nutricional, 2017).
Para el caso colombiano, los últimos resultados disponibles de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN 2010 [2] revelan que el 42,7 % de la población presenta inseguridad alimentaria, y sólo se rescata el 1% de lo que se produce; es decir, se desperdician más de 1,4 millones de toneladas de alimentos. Paradójicamente el 57,5 % de los hogares de las zonas rurales padece de inseguridad alimentaria, mientras que en las ciudades el 38,4% no vive con las condiciones necesarias para tener una alimentación balanceada[3].
Por esta razón, se deben formular programas que consideren las necesidades nutricionales de la población en el marco de una producción agrícola gestionada correctamente en función: de la transformación de los hábitos de consumo de la población y su impacto sobre los sistemas alimentarios, de las condiciones del suelo agrícola, optimizando su uso en función de su aptitud productiva, las técnicas de cultivo y la transición demográfica, y de las condiciones medioambientales y las medidas formuladas por las autoridades competentes en relación a la adaptación y mitigación de los efectos de cambio climático.
