En los últimos años se ha observado un importante aumento de la población urbana a nivel global, lo cual ha incrementado los desafíos a los cuales la sociedad debe hacer frente. El COVID-19 ha puesto de relieve e intensificado, en algunos casos, estos desafíos y problemáticas de los entornos urbanos. Uno de los escenarios en los que se han evidenciado e intensificado los desafíos son los asentamientos informales[1]. Se trata de un fenómeno presente en todas las regiones, que no es nuevo y que afecta a un gran número de personas. Las estimaciones de la ONU señalan que aproximadamente el 24% de la población urbana mundial vive en asentamientos informales (ONU Hábitat, 2015).
A causa del surgimiento del COVID-19, la vulnerabilidad de la población viviendo en asentamientos informales se ha incrementado. A pesar de sus consecuencias han sido significativas en prácticamente todos los sectores económicos y sociales, los asentamientos informales han sido focos altas tasas de contagio. Por ejemplo, en Ciudad del Cabo, aproximadamente el 12% de los positivos de COVID-19 corresponden al asentamiento más grande de la ciudad, Khayalitsha, que solamente concentra el 6% de la población local (Haas y Delbridge, 2020). Es en estos lugares en donde, con el objetivo de no dejar a nadie atrás, los gobiernos deben centrar sus esfuerzos para alcanzar la Agenda 2030 y construir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles (ODS 11).
La pandemia provocada por el COVID-19 ha impactado fuertemente en materia de salud, en la economía global y en el desarrollo. Con más de 25 millones de casos positivos confirmados y 800 mil fallecidos a finales de agosto de 2020, el COVID-19 se encuentra presente en todas las regiones del mundo (Johns Hopkins University, 2020). Las consecuencias económicas a nivel internacional son desalentadoras: de acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la economía global se contraerá aproximadamente 5.2% en 2020, lo cual representa la recesión más fuerte desde la Segunda Guerra Mundial (Banco Mundial, 2020). En términos de desarrollo, un reciente estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha dejado en evidencia que “los retrocesos en elementos básicos del desarrollo humano ya están en marcha en la mayoría de los países de todas las regiones, ya sean ricos o pobres” (PNUD, 2020). La pandemia ha profundizado las desigualdades, lo cual se refleja en las herramientas con las cuales cuentan las personas y los diferentes colectivos sociales para hacer frente al contexto de crisis.
Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2020.
Más allá de los datos globales, el impacto de la pandemia no será igual en todos los países y sus consecuencias tampoco lo serán en todas las personas. “Está claro que la pandemia golpeará con más fuerza a las personas más vulnerables, muchas de ellas viviendo en asentamientos informales y barrios marginales en las ciudades” (ONU Hábitat, 2020). En estos lugares es donde resulta más difícil implementar las medidas recomendadas para evitar la transmisión del virus. Específicamente, el impacto en los asentamientos informales ha sido mayor a causa de la inaccesibilidad al agua potable para una correcta higienización, del hacinamiento en viviendas, y de la dificultad de acceso a los servicios sanitarios. Según el Banco Mundial, más de mil millones de personas en el mundo se encuentran viviendo bajo estas condiciones (Banco Mundial, 2020). Por ejemplo, mientras que los estándares internacionales establecen 14 m2 por habitante como espacio privado, en el Barrio 31, uno de los asentamientos más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, se estima que el espacio por persona alcanza los 7m2. Esto dificulta el aislamiento de casos positivos y sospechosos para evitar la propagación del virus. Asimismo, la pandemia ha tenido importantes efectos negativos en la economía familiar en cuanto muchas personas que viven en asentamientos trabajan en la informalidad. Por ejemplo, en Mukuru, un asentamiento informal en Nairobi, en abril de 2020, más de 600 mil personas han perdido su fuente de ingreso y no han podido recuperarlo por las medidas de confinamiento aplicadas en el país (Europa Press, 2020). Por otro lado, la crisis ha aumentado la brecha digital existente en las diferentes comunidades. Esto ha provocado un aumento del abandono escolar por la inaccesibilidad a internet y a un dispositivo móvil que permita el seguimiento de las clases online. El PNUD estima que, en aquellos países con un desarrollo humano bajo, aproximadamente el 86% de los niños y niñas de primaria no están recibiendo educación; frente a un 20% en países con un desarrollo humano muy alto (PNUD, 2020).
Hoy en día existen múltiples documentos con recomendaciones e investigaciones que recogen las respuestas que han ofrecido los gobiernos para hacer frente a los diferentes retos planteados por la pandemia[2]. Teniendo en cuenta las prioridades, algunas de las principales acciones que los gobiernos pueden aplicar junto con las comunidades locales son: ofrecer material de protección a quienes no tienen recursos para adquirirlo, brindar espacios de aislamiento para casos positivos y cuyas viviendas no cuenten con las características necesarias por motivos de hacinamiento, ofrecer espacios de vivienda para víctimas de violencia de género, asegurar el acceso ininterrumpido a servicios básicos a pesar de falta de pago (agua potable, electricidad, recolección de residuos, etc.), asegurar el acceso equitativo de equipamiento y material sanitario a los hospitales y centros de salud independientemente del barrio donde se encuentren, realizar campañas de concientización sobre cuidados, promover la transparencia y rendición de cuentas, entre muchas otras acciones (Naciones Unidas, 2020).
Independientemente de las medidas prioritarias y de urgencia que se requieren por la pandemia, es necesario aplicar políticas públicas a largo plazo. A pesar de que se ha trabajado en la materia, aún queda un importante camino para lograr la integración social y urbana de estos barrios, que permita garantizar los derechos humanos y el acceso a los servicios básicos para toda la ciudadanía. En la Declaración de Quito sobre Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles para todos, los gobiernos constataron que se ha logrado mejorar la calidad de vida y bienestar de muchas personas en zonas urbanas, específicamente en barrios marginales y asentamientos. Sin embargo, reconocen que no ha sido suficiente y remarcan que “la persistencia de múltiples formas de pobreza, las desigualdades crecientes y la degradación ambiental siguen siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible” (Naciones Unidas, 2017, pág. 3).
Gestionar de forma eficiente y sostenible la urbanización de los asentamientos informales y su inclusión en el tejido urbano y social es uno de los mayores retos a los cuales se deben enfrentar, en general, todos los países en vías de desarrollo. En este sentido, resulta crucial diseñar e implementar proyectos de urbanización e integración social de asentamientos informales desde el enfoque del Desarrollo Humano y alineados con la Agenda 2030, lo cual permitirá trabajar sobre las bases de la problemática a largo plazo. Asimismo, un punto fundamental es la participación ciudadana. De acuerdo con la experiencia de Cities Alliance, es posible alcanzar un rápido progreso en aquellos casos en los cuales la población se encuentra organizada, participa activamente y trabaja conjuntamente con las autoridades (Baskin, 2020). La inclusión de la población local en el diseño, implementación y evaluación de proyectos de urbanización de asentamientos informales puede mejorar los resultados y ayudar a que estos sean sostenibles (ONU Hábitat, 2017).
En conclusión, las crisis generadas por el COVID-19 no han impactado del mismo modo en todos los sectores sociales, siendo las poblaciones vulnerables una de las grandes damnificadas. El enfoque planteado como mejor opción para hacer frente a proyectos integrales de urbanización de barrios marginales se sustenta en los derechos humanos, el desarrollo humano, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana. Los elementos enunciados son los que habilitan un análisis y gestión desde la raíz que, a su vez, son fundamentales para la planificación, implementación y evaluación políticas públicas de mejoramiento de barrios informales que permiten mejorar la vida de los ciudadanos, al tiempo que contribuyen a disminuir las desigualdades sociales en múltiples ámbitos y a construir una sociedad más equitativa y resiliente.
[1] De acuerdo con ONU Hábitat, los asentamientos informales se caracterizan por la falta de tenencia sobre las tierras y viviendas que se habitan; la inaccesibilidad a servicios básicos e infraestructura urbana; el posible incumplimiento de regulaciones edilicias y planificación; y generalmente se ubican en zonas geográficas peligrosas (ONU Hábitat, 2015).
[2] Por ejemplo: “2020 Catalogue of Services” publicado por ONU Hábitat, “Políticas sociales en respuesta al coronavirus” publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.
